El procurador estatal dijo que seguirían
investigando durante 72 horas
Amalia García está en problemas políticos
y de política. El virreinato que ha encabezado
por casi seis años está a punto de colapsarse,
con lo cual su futuro político –aspira a
la jefatura del Gobierno del Distrito Federal– y
espiritual –que un incondicional le cuide las espaldas–,
están en riesgo. Con tanto en juego, en vísperas
de la elección por la Gubernatura del estado,
es normal que se encuentre con un manojo de nervios.
Pero qué tan grandes deben ser las probabilidades
de su derrota, que está perdiendo el temple y
cometiendo serias equivocaciones.
El último tropezón fue el martes. En respuesta
a una denuncia anónima, envió a 150 policías
ministeriales y preventivos, acompañados de ministerios
públicos y de la subprocuradora general de Justicia
de Zacatecas, a una bodega donde había varios
vehículos, que creían que eran robados.
Un comunicado de prensa de la Procuraduría dijo
que se trataba de 40 vehículos nuevos que habían
llegado hacía “15 días a este lugar
por parte del Gobierno de Nuevo León, en apoyo
al candidato a la Gubernatura por el PRI, Miguel Alonso
Reyes”.
Más tardaron en hacer el escándalo que
en comenzar a revertirse. La primera crítica fue
sobre el uso masivo del poder estatal a partir de una
denuncia anónima, sobre un mero robo. La segunda
fue que la responsable del operativo fuera María
Concepción García Medina, hermana de la
Gobernadora y subprocuradora estatal. La tercera fue
que se acusara directamente al gobierno de Rodrigo Medina.
Todo se fue desmoronando. No eran 40 vehículos
sino 15; tampoco eran robados, sino que habían
sido entregados en comodato; y que no era el Gobierno
neoleonés de donde habían salido, sino
de un empresario que, en eso sí atinaron, es regio.
El procurador estatal dijo que seguirían investigando
durante 72 horas, lo que más pareció un
intento para mitigar la situación embarazosa en
que quedó la Gobernadora.
Amalia García parece estar disparando con escopeta,
que puede interpretarse como una señal de desesperación
al ver que su poder autoritario y nepotista pueda ser
desmantelado por sus adversarios. Todo el aparato del
estado que puso en marcha para imponer a su candidato
a la Gubernatura, el senador Antonio Mejía Haro,
no ha sido suficiente. No evitó el rompimiento
con su viejo camarada Raymundo Cárdenas, el senador
que se fue al PRI con un argumento de que si el PRD operaba
como el PRI, mejor se iba al PRI original. Tampoco zanjó su
conflicto con el senador Ricardo Monreal, al negarse
a negociar una candidatura de unidad de izquierda donde
el candidato fuera David Monreal, hermano del legislador
y ex alcalde de Fresnillo.
Es perfectamente entendible que García no quisiera
entregar el poder a la familia de la persona con quien
ha peleado seis años, pero tampoco resolvió el
proceso interno de selección de candidato, que
la tiene en un hoyo. Según los tracking polls
(encuestas telefónicas diarias que miden el pulso
ciudadano) del PRI y del PAN, Mejía Haro se encuentra
en el cuarto nivel de preferencias electorales, muy por
debajo del puntero, el priísta Reyes. La tendencia
dibuja un horizonte ominoso para la Gobernadora, empeñada
en embarrarse de lodo.
Este miércoles empezó a circular por Internet
un correo llamado “Miguela”, que incluye
tres fotografías donde aparecen los cuerpos de
los actores que filmaron la película “Secreto
en la Montaña”, pero con los rostros de
Reyes y Ricardo Monreal. La propaganda sugiere que el
candidato del PRI, de 38 años, es homosexual por
el simple hecho de que no es casado. El contenido del
mensaje es totalmente homofóbico, y ya ha sido
descrito como parte de la “campaña sucia” en
Zacatecas.
García repartió en grande el botín
político dentro de su familia. No se limitó a
su hija. Su primo político, que es secretario
de Obras Públicas, está casado con su prima
hermana, que es la directora del Museo Zacatecano. Un
primo hermano fue el secretario de Planeación
y Desarrollo Social, y otro que aspira ser alcalde de
Zacatecas capital, era su secretario particular. Su cuñada
es directora de Promociones en la Representación
del Gobierno en el Distrito Federal, y su sobrina es
directora administrativa del DIF.
El control lo ejerce la senadora Corichi, a quien han
señalado repetidamente a lo largo del sexenio
como presunta responsable de actos de corrupción,
favoreciendo a constructores locales a cambio de una
vida de lujos. Entre los casos que se señalan
como prueba de corrupción está la remodelación
de la casa de su madre la Gobernadora, donde participaron
cuatro de esos empresarios y le regalaron la obra de
unos 10 millones de pesos. A cambio, de acuerdo con denuncias
públicas, recibieron contratos gubernamentales
por 900 millones.
El mundo político no se les han venido encima
porque, de acuerdo con documentos internos del Gobierno,
se han neutralizado las críticas y denuncias a
través de campañas en contra de sus adversarios
mediante las plumas de “columnistas afines” en
Zacatecas y el Distrito Federal, y de “medios aliados”,
a los que la senadora ha dado, en reciprocidad, publicidad.
Pero el poder en México es absoluto hasta que
se acaba el plazo durante el que lo detentan, que es
lo que se le acerca a Amalia García. Un adversario
político le puede hacer la vida imposible, con
auditorías a su gestión, la revisión
meticulosa de la Cuenta Pública, o incluso la
persecución de sus familiares, particularmente
de su hija. Como es la política, ni siquiera tendrían
que probarle que son responsables de un delito. Bastaría
la cacería política para minar el futuro
de la Gobernadora, que tanto quiere y que está,
a decir por las encuestas, a punto de perder todo el
poder y prestigio por los que tanto luchó. La
Gobernadora ha jugado mal y se acerca el momento de que
pague la factura.
