Construcción
Extraterritorial de la Ciudadanía
Sustantiva y Ley Migrante de Zacatecas
Miguel Moctezuma L.
Programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo
Universidad Autónoma de Zacatecas
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Una
ausencia en los distintos ensayos y artículos
publicados sobre este tema, es el desconocimiento
—ciertamente con algunos matices—,
de que entre los mexicanos que residen en Estados
Unidos existe una estrecha relación, por
un lado, entre pertenencia y participación
política, y, por otro, entre pertenencia
y membresía mexicana. Éste es el
punto medular que todo debate sobre la ciudadanía
extraterritorial no siempre se explicita. Así
quienes más se resisten a reconocer la
viabilidad del voto extraterritorial, a lo más,
arguyen que existen distintos grados de pertenencia
simbólica hacia México, y que sólo
unos deberían de tener plenos derechos
ciudadanos, haciendo a un lado el tratamiento
integral de esta temática. Aunque lo conceptual
constituye la piedra angular, aquí se replanteará
esta problemática sobre la base de la experiencia
de los zacatecanos que residen en el extranjero.
En este ensayo, se demuestra a través de
un minucioso trabajo de campo transdisciplinario,
que existe una membresía comunitaria activa
que da origen a la ciudadanía sustantiva,
no legal, la que a su vez es reconocida en distintos
grados por las autoridades mexicanas, misma que
conforma uno de los elementos clave a considerar
para el reconocimiento de los derechos ciudadanos
extraterritoriales de los mexicanos. El interés
que el autor tiene a partir de este ensayo es
que el mismo sea útil en la discusión
nacional para resolver los dilemas y resistencias
que pesan contra los derechos políticos
extraterritoriales.
Identidad, membresía y participación
política
La identidad como concepto tienen tres peculiaridades:
es subjetiva, cuando solamente recoge los sentimientos
de pertenencia; es subjetiva y a la vez objetiva,
cuando se refiere a una realidad que permite el
reconocimiento de ser parte de una relación
o un grupo social; y, es subjetiva/objetiva e
intersubjetiva, cuando recoge la percepción
de sí mismo y de la realidad, pero, además
reconoce que se trata de una relación social
con otras personas o grupos (Merton, R. 1972).
Esto es, la identidad individual y de grupo es
un concepto cultural que se refiere al sentimiento
de pertenencia y de diferenciación social
(Geerts, C. 1973). El sentimiento de pertenencia
es la sensación o percepción que
se tiene de sí mismo, es la manera en la
cual se toma conciencia de ser parte de un determinado
grupo social y, mediante la cual se toma distancia
del “otro”. Pero la identidad, además
de ser subjetiva, también se internaliza
a partir de una realidad que implica la existencia
de elementos objetivos y de diferenciación
(Giménez, G. 2002:150). Así, la
identidad nacional es una construcción
que tiene como referente simbólico el territorio
de una Nación. Pero, en estricto sentido,
no se trata de una identidad sobre el territorio,
sino sobre las relaciones culturales que sus miembros
construyen objetiva y subjetivamente en torno
a él. En esta acepción, el territorio
sirve esencialmente como referente o marco de
las relaciones que simbólicamente representa,
por ello, las naciones no deben de confundirse
con el territorio:
“…los
desplazamientos físicos en un territorio
no implican automáticamente una 'desterritorialización'
en términos simbólicos y subjetivos.
Es Posible abandonar físicamente un territorio
sin perder las referencias simbólicas y
subjetivas que se reactivan a través de
la comunicación a distancia, los recuerdos
y la nostalgia... ” (Ibíd., 153).
Aunque
aceptar que con la emigración también
se produce el traslado de la cultura, en la medida
que ello se refiere a otro socio-espacio, aunque
se conserva la matriz cultural del origen, ella
también se actualiza y transforma (Sollors,
Wermer, 1989); por lo tanto, en este caso es más
correcto hablar de una re-producción o
más específicamente de una reestructuración
y reformulación cultural. De esto se deriva
que, desde el extranjero, los migrantes y sus
descendientes reconstruyen la identidad en tanto
pertenencia, es decir, una cierta forma simbólica
y cultural de vinculación respecto al Estado/Nación.
Pero, esta autopercepción no sólo
se manifiesta en el plano del sentimiento; por
el contrario, también se expresa en normas
de conducta, costumbres, rituales, etc. que permean
la vida entera y permiten compartir con los semejantes
una misma cultura. Por esta vía se transita
de lo estrictamente simbólico hacia lo
social-práctico.
La identidad generalmente se construye en plural
y a distintos niveles, tomando sentido según
el contexto de las relaciones. Así, los
migrantes en Estados Unidos se reconocen a un
mismo tiempo como zacatecanos o jaliscienses formando
parte de los latinos, pero también como
mexicanos y a menudo, como miembros de un municipio
y de una localidad más pequeña:
“…Esta
situación se puede ejemplificar mucho más
claramente en el caso de los migrantes de grupos
indígenas. Cuando los integrantes de estos
grupos están en sus comunidades de origen,
se definen frente a los miembros de las otras
comunidades o regiones, dependiendo del nivel
en que se estructure la identidad en ese lugar
específico. Por lo que las identidades
comunitarias localcentristas o regionales son
las que sobresalen. Aunque ellos como portadores
de culturas distintivas diferentes de la cultura
nacional son identificados como los 'otros' para
el contexto nacional y son excluidos y segregados
por dicha sociedad, en sus interacciones cotidianas
tiene más fuerza su identidad local que
es una expresión de esa segregación
y exclusión pero también espacio
de acción y reafirmación”
(Sánchez, M. J. 2000:37).
Este espacio de acción y reafirmación
de las identidades locales es el que, en Estados
Unidos lleva a los migrantes a conformar comunidades
filiales, las que a través de un proceso
de mayor maduración, como en el caso de
los clubes de migrantes, servirán para
asumir compromisos de membresía activa
más allá del sentimiento de identidad.
Por tanto, aunque no se trata de una contradicción,
es útil diferenciar conceptualmente entre
pertenencia y membresía. En el caso de
nuestros migrantes, la pertenencia es más
simbólica o identitaria, en tanto que su
membresía es práctica y se refiere
a las relaciones que se construyen con la comunidad,
entidad o nación; es decir, en este segundo
caso se transita del sentimiento perceptivo hacia
el reconocimiento de la acción social;
por eso, en sentido amplio, la membresía
es vista, por algunos autores, como ciudadanía
sustantiva o ciudadanía práctica
(Brubaker, W. R. 1990).
Según Smith, Robert (2001), la solución
conceptual de este asunto radica en reconocer
explícitamente que existe una estrecha
relación entre membresía, ciudadanía
y participación política, en tanto
proceso estructurado desde las estructuras de
poder, susceptible de modificación a partir
de la lucha de clases:
“...
En el contexto de la migración, la membresía
se manifiesta comúnmente entre los migrantes
y otros miembros ‘de la diáspora’
involucrados en la vida pública de su lugar
de origen, y pueden ser incluso institucionalizados
según estructuras no legales del estado
o bien según estructuras de entidades no
estatales incluyendo instituciones o discursos
sobre derechos humanos. La ciudadanía permite
a los migrantes participar directamente en instituciones
democráticas formales del estado, tal como
el voto, tener la oportunidad de participar directamente
en el gobierno y controlar recursos del estado.
La membresía permite una participación
menos formal, pero todavía de peso en cuanto
a instituciones o procesos, pero no ofrece oportunidades
de participar directamente en el gobierno”
(Ibíd).
De esto se desprende que analizando la membresía
y la ciudadanía como proceso en estructuración,
la situación suele tener dos momentos:
en el primero, existe una relación diferenciada
entre membresía y ciudadanía; esta
diferenciación otorga un reconocimiento
formal y legal a la ciudadanía y sólo
un reconocimiento político a la membresía,
la cual, sin que alcance el reconocimiento legal
puede llegar a ser formal; segundo, en la medida
en que la membresía incluye la ciudadanía
sustantiva, la experiencia histórica demuestra
que ésta tiende a evolucionar hasta abarcar
un espectro cada vez más amplio de prácticas.
Es decir, en relación con los migrantes
de un país, se requiere abordar la relación
entre membresía y ciudadanía a partir
de la participación política en
su sentido más amplio, por tanto, como
un proceso social en permanente disputa.
Ahora bien, según la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la actualidad se puede ser mexicano sin ser
ciudadano, se trata de una problemática
que diferencia entre ser y tener derechos ciudadanos.
Es posible que en las próximas reformas
legislativas subsista esa diferenciación,
pero, la base que debe orientarnos en toda propuesta
de reforma constitucional es el reconocer mayores
derechos en la ley a quienes han transitado extraterritorialmente
de la identidad a la membresía.
Hay algunos hechos que muestran que desde décadas
atrás este es un proceso en curso. Por
ejemplo, así como el Gobernador Ricardo
Monreal Ávila visita frecuentemente a los
zacatecanos en California, Illinois, Texas, etc.,
José Murat tiene encuentros con los oaxaqueños
en California, Melquiaedes Morales Flores se entrevista
con los poblanos en Nueva York, Lázaro
Cárdenas Batel visita a los michoacanos
en California e Illinois y el Presidente Vicente
Fox Quezada hace en general lo propio con los
mexicanos que residen en el extranjero. Asimismo,
el que cada año de realicen cientos de
obras comunitarias con ellos, en donde participan
los tres niveles de gobierno, significa que desde
las más altas esferas de gobierno se les
reconoce como interlocutores fiables. De hecho,
en el Plan Estatal de Desarrollo de los gobiernos
anteriormente mencionados existe como una línea
de acción, el trabajo con los migrantes.
Más todavía, a nivel federal, México
cuenta con distintas estructuras institucionales
de atención al migrante. La conclusión
que de esto se desprende indica que, independientemente
de la ley, el Estado ya reconoce a las organizaciones
sociales y a las prácticas de los migrantes;
es decir, su membresía a través
de sus organizaciones ya ha dejado de ser informal.
Una conclusión en contrario difícilmente
podría explicar estos hechos.
De acuerdo con esta situación, la participación
política de los migrantes se define en
general como la esfera permanente de relaciones
que llegan a institucionalizarse, por una parte,
entre los migrantes y sus organizaciones sociales,
y por otra, entre las instituciones políticas
de un país y su Estado (Itzigsohn, J.,
2000). Con base en esta reflexión abordaremos
la experiencia de las prácticas políticas
extraterritoriales de los zacatecanos.
Disputa
electoral de Zacatecas en California en 1998
Desde el sexenio del Gobernador Genaro Borrego
Estrada (1986-1992), se impulsó, como política
de Estado, la formación de los clubes de
migrantes zacatecanos. En la actualidad, Zacatecas
cuenta con más de 250 clubes de oriundos
activos —más del triple de cualquier
otra entidad mexicana—, esto permitió
desde 1960 dar origen a un conjunto de iniciativas
de inversión social por parte de los emigrantes,
cuyas acciones terminaron institucionalizándose
en 1992 en el Programa “Dos por Uno”,
mismo que en 1999 se transformó en Programa
“Tres por Uno” y que en el 2003 alcanzara
una inversión conjunta de 20 millones de
dólares destinado a la realización
de obras sociales y comunitarias.
Con relación a los partidos políticos,
quienes tienen mayor impacto entre los migrantes
zacatecanos son el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y el Partido de la Revolución Democrática
(PRD). El primero de ellos durante los dos sexenios
anteriores, el de Genaro Borrego Estrada (1986-92)
y Arturo Romo Gutiérrez (1992-98), y el
segundo, con el gobernador Ricardo Monreal Ávila
(1998-2004).
Hasta antes de 1998 en que se consuma el triunfo
a la gubernatura del estado de Monreal Ávila,
en el medio académico y político
se reconocía a Zacatecas como la entidad
más priísta del país. Ante
un PRI con escasa organización y militancia,
el corporativismo presidencialista había
echado profundas raíces en el campesinado
a través de la CNC; el magisterio, con
una disidencia cada vez mayor, aún continuaba
sirviendo de mediación y de correa de transmisión
entre el Gobierno del Estado y el medio rural.
Pero sucedió lo imprevisible: ese fuerte
andamiaje político se fracturó.
Además, esa coyuntura encontró su
punto culminante en una intensa participación
ciudadana que desde mediados del sexenio pasado
venía desbordando a los partidos políticos
y que llegó a conformar distintas organizaciones
sociales independientes, lo que concluyó
constituyendo el amplio tejido social de la Alianza
Ciudadana por la Dignidad y la Democracia, la
que en unidad con el PRD terminaron postulando
al ex-priísta Ricardo Monreal como su candidato
a gobernador. Parte de este proceso de ruptura
los recogieron y lo asimilaron los zacatecanos
organizados que residen al otro lado de la frontera
norte de México. Los hechos se sucedieron
así:
En un hecho inédito, el 15 de marzo de
1998, el candidato del PRI a Gobernador (José
Marco Antonio Olvera Acevedo) en su gira por Estados
Unidos, formó con una buena parte de los
dirigentes de la Federación de Clubes Unidos
del Sur de California “Los Comités
de Amigos y Simpatizantes de Pepe Olvera”.
A la par, en los días siguientes, el candidato
a Gobernador por el PRD (Ricardo Monreal Ávila)
organizó con líderes y ex líderes,
el Frente Cívico Zacatecano (El Sol de
Zacatecas, 22 de marzo de 1998:1 y 6 A).
Francisco Javier González, actual Presidente
del Frente Cívico Zacatecano se recuerda
haciendo activismo político en favor de
Monreal Ávila e impulsando actividades
para el financiamiento de su campaña. Él
dice que empezaron unos pocos y que el movimiento
pronto creció (Los Ángeles, Ca.,
Julio de 2002). Sorprendentemente, los asuntos
de Zacatecas comenzaron a ventilarse en los programas
de radio y televisión angelinos, e inesperadamente
California acabó convirtiéndose
en escenario político en la disputa del
voto por Zacatecas. Es decir, no sólo los
migrantes tienen la capacidad de influir en los
destinos de su entidad, sino que también,
los procesos de ésta influyen fuertemente
en ellos.
Rigoberto Castañeda, entonces Presidente
de la Federación de Clubes de Zacatecanos
Unidos del Sur de California, una vez que se informó
de las adhesiones priístas a favor de Ricardo
Monreal Ávila, se sumó a ellas.
Más tarde, cuando se recibió la
“luz verde” a favor de José
Antonio Olvera Acevedo, el mismo Rigoberto Castañeda
rectificó. Como en antaño, todo
pareció haber quedado bajo el antiguo control
corporativo, pero en una segunda visita del candidato
perredista a Los Ángeles, Ca., el Frente
Cívico Zacatecano reunió a más
de 600 familias, haciéndose acompañar
de académicos de aquel país, quienes
observaban cómo los zacatecanos rompían
con la tradición de fidelidad al sistema
político mexicano (El Sol de Zacatecas,
31 de mayo de 1998, p. 5 A) que hasta entonces
pesaba sobre ellos.
Más aún, cuando esa campaña
electoral estaba en su punto más álgido,
Víctor Manuel Sánchez, que ocupaba
el cargo de Presidente de la Confederación
de Clubes de Zacatecanos (que nunca pudo funcionar)
y que había permanecido en la sombra, arribó
a la entidad a manifestar su apoyo al candidato
opositor Ricardo Monreal Ávila e hizo fuertes
denuncias contra el Lic. Arturo Romo Gutiérrez,
Gobernador de Zacatecas (El Sol de Zacatecas,
16 de junio de 1998, p. 1 y 6 A). Esta denuncia
ya indicaba una clara ruptura y un alto grado
de confrontación con el priísmo
zacatecano. En esa misma tónica, en el
cierre de campaña de Monreal Ávila,
fue muy significativa la presencia de varios dirigentes
de los Clubes Zacatecanos de la Federación
ya mencionada. Esto era sólo la primera
expresión de que en Zacatecas se estaba
dando origen a un nuevo sujeto social y político
extraterritorial, el que en el futuro, ganaría
en capacidad para actuar con independencia tanto
del priísmo como perredismo.
Un
sujeto binacional
Más allá del reconocimiento frecuente
de la influencia de los migrantes en sus comunidades
de origen, del lado estadounidense, la campaña
política a la gubernatura de Zacatecas
fue más lejos de lo esperado. Los Zacatecanos
organizados se dieron cuenta que en aquel país
contaban con la capacidad y fuerza que podían
utilizar para promover iniciativas de negociación
y cabildeo con políticos y congresistas
locales y nacionales de aquel país. Así,
Rudy R. Ríos (miembro de la Sección
652 de la Laborers' International Union of North
America) y Guadalupe Gómez de Lara (ex
Presidente de la Federación de Clubes de
Zacatecanos Unidos del Sur de California) fungieron
como interlocutores entre el Gobernador de Zacatecas,
Ricardo Monreal y el entonces Gobernador de California
Gray Davis; ambos han jugado un rol importante
en la relación entre el Frente Cívico
Zacatecano y el sindicato en mención. Asimismo,
desde el lado estadounidense, el Frente Cívico
Zacatecano ha apoyado activamente las campañas
de Lou Correa, originario de Calera, Zacatecas,
y Linda Sánchez, ambos Asambleístas
por California; Miguel Pulido, Alcalde de Santa
Ana, Jesse Loera, Alcalde de Norwalk; Gray Davis
y Cruz Bustamante, Gobernador y Vicegobernador
de California, respectivamente; además
de Loreta Sánchez y Grace Napolitano, Congresistas
Nacionales. Rosalva Ruiz (ex Presidenta de la
Federación de Clubes Unidos de Zacatecanos
en Illinois) ha hecho lo propio con respecto a
Luis V. Gutiérrez y Edward Burke, el primero,
Congresistas por el 4° Distrito de Illinois
y el segundo, Concejal del Distrito 14 de la ciudad
de Chicago, sirviendo también como intermediaria
para encuentros del Gobernador de Zacatecas con
el Alcalde de Chicago (julio de 2001). Los zacatecanos
también han apoyado a políticos
como Lee Vaca, Sheriff de Los Ángeles,
y forman parte del Comité de Alianza con
la AFL-CIO por la campaña para la Regularización
de los Inmigrantes y la expedición de Licencias
de Manejar en California, además de luchar
contra la discriminación racial y laboral
y promover el “hermanamiento” entre
las ciudades de Norwalk-Fresnillo y Azuza-Zacatecas.
Esto es, nadie debe dudar que estos dirigentes
cada vez más son pieza clave en las relaciones
de poder y de cabildeo entre México y Estados
Unidos.
Asimismo, impresiona encontrar con frecuencia
en los periódicos estadounidenses las opiniones
de Guadalupe Gómez de Lara, las entrevistas
de empresarios como J. Ascensión Salinas
Carlos y de políticos y empresarios como
Andrés Bermúdez Viramontes. Se conoce
también que Guadalupe Gómez de Lara
ha sido invitado por University of California
en Los Ángeles a dictar conferencias y
a participar en discusiones públicas de
cabildeo en el Congreso de California, en tanto
que Javier González, Presidente del Frente
Cívico Zacatecano ha sido distinguido cómo
un destacado líder latino por la Academy
of Latinos Leaders in Action.
Por si lo señalado fuera poco, a los Clubes
de Zacatecanos, se les ubica del lado mexicano,
entre los pioneros de iniciativas nacionales y
estatales como: i) el Programa Paisano; ii) la
incorporación al IMSS de los familiares
de los migrantes; iii) la reivindicación
de la doble nacionalidad; iv) la defensa del voto
extraterritorial de los mexicanos que residen
en el extranjero; v) los programas “Dos
por Uno” y “Tres por Uno”; vii)
además de otras acciones en curso sobre
proyectos productivos e iniciativas de ley sobre
derechos ciudadanos extraterritoriales. En el
2003, en una visita relámpago que Guadalupe
Gómez realizara a su municipio natal de
Jalpa (Zacatecas), con el objeto de inspeccionar
y fiscalizar las obras del “Tres por Uno”
fue recibido masivamente en varias comunidades
como si se tratara de un funcionario de alto nivel
en el estado, señalándosele entonces
en la prensa nacional y local como un posible
candidato a gobernador. En fin, no queda duda
que los dirigentes más sobresalientes de
los zacatecanos organizados en Estados Unidos
han ido superando el aislamiento y el activismo
comunitario para dar los primeros pasos hacia
la conformación de un agente social binacional.
Sobre esta base, recién se ha conformado
en Los Ángeles, Ca., el Consejo de Federaciones
de Mexicanos, mismo que inicialmente le toco presidir
al zacatecano Guadalupe Gómez de Lara y
que posteriormente esa experiencia pionera fue
recogida por los mexicanos organizados en el área
de Illinois. Todo lo señalado indica el
desenvolvimiento binacional de nuevas y complejas
relaciones sociales y políticas en curso,
en donde, la membresía, entendida como
el reconocimiento social y de las autoridades
mexicanas a estas organizaciones es más
que claro.
Pero, si esto es ya sobresaliente, lo es, aún
más, cuando se descubre que los migrantes
y también sus descendientes, han venido
adquiriendo mayor compromiso desde los Estados
Unidos para involucrarse en los programas y actividades
comunitarias impulsadas por sus clubes (Rouse,
R. 1994Itzigsohn, J. 2000). Parte de esta percepción
se basa en la experiencia que está adquiriendo
el sector de población joven y en la formación
política y cultural de las nuevas generaciones
(Chicago. Ill. Grupo de Foco, Octubre del 2000).
En realidad, los resultados más interesantes
a favor de esta tendencia coinciden con el hecho
de que algunos dirigentes de clubes de migrantes
zacatecanos son jóvenes que llegaron a
Estados Unidos en los primeros años de
su vida o nacieron en ese país, y ahora
cuentan con formación universitaria como:
Reina Reyes (Presidenta de la Federaci?n de Florida),
Erika González (Presidenta de la Federaci?n
de Orange) Martha Jiménez (Presidenta del
Club Hermandad Las Animas), Ramón Velasco
(Presidente del Club Regionales de Tayahua), Suliana
González, Presidenta del Club Social Chacuiloca.
Asimismo, en febrero de 1999 se formó en
Chicago la Alianza Juvenil de Zacatecas, cuyos
miembros son estudiantes de la Universidad de
Illinois, todos ellos hijos de migrantes de primera
generación. A ellos se han venido agregando
otros estudiantes como Zenia Ruíz, egresada
de la Universidad del Sur de California. Con base
en esa iniciativa, la Federación Zacatecana
de Los Angeles también ha organizado al
Grupo Juvenil de California que encabeza Denise
González, Graduada de Universidad de Berkeley.
En conjunto, estos jóvenes se plantean
respaldar las acciones de los clubes (FCZUSC,
Revista, 1999-2000:39 y 2000-2001:63). Estos son
aspectos novedosos que se agregan a los ya señalados
y que vienen a cuestionar radicalmente muchas
de las imágenes simplistas que teníamos
sobre la identidad y la membresía de los
mexicanos que residen en el extranjero y que en
este segundo caso, su análisis es más
complejo y revelador del tema que aquí
se aborda, por tratarse no solo de migrantes mexicanos
sino expresamente de mexicanos binacionales.
El
Jerez de aquí y el Jerez de allá
Ahora bien, en la entidad, la presencia política
de los emigrantes es tan marcada que en el 2001
experimentamos un proceso electoral sui generis
donde hubo figuras políticas de los líderes
de migrantes que contendieron como candidatos
a las presidencias municipales. En este caso,
la figura pública más sobresaliente,
que rebasó los confines del país,
fue la de Andrés Bermúdez Viramontes,
El Rey del Tomate, nativo de El Cargadero, Jerez,
Zacatecas y radicado 28 años antes en la
ciudad de Winters, Ca., muy cerca de Sacramento.
Muchos creían que este personaje era un
desconocido, pero, de entrada ganó, mediante
votación popular, la titularidad para encabezar
la contienda perredista por el municipio de Jerez;
triunfando ampliamente contra sus contendientes
en un municipio donde el PRD no contaba con una
militancia fuerte. Esto, sin embargo no estuvo
libre de obstáculos, por ejemplo, el registro
de Andrés Bermúdez como candidato
del PRD fue objeto de resistencias de priístas
y perredistas quienes en la prensa dijeron objetarlo
por carecer de la ciudadanía mexicana y
no residir por un año de manera permanente
e ininterrumpida en Jerez. Algunos otros más
retrógradas dijeron criticarlo por no tener
trayectoria en ningún partido político,
o desconocer los problemas de su municipio, no
contar con carrera profesional y ver a Jerez como
si fuera un campo de tomate. Obviamente, los interlocutores
de estas objeciones ahora guardan silencio, y
otros, paradójicamente desde el PRD, nunca
corrigieron sus sentimientos xenofóbicos
contra Bermúdez, quien luego de su contundente
triunfo fue perseguido políticamente por
buena parte de la clase política zacatecana
de todos los colores, quienes tomaron muy en serio
que estaba surgiendo una nueva clase política,
capaz de desplazarlos.
A este personaje, por razones obvias, distintos
medios de comunicación nacional e internacional
lo llamaron con toda justicia el candidato binacional,
porque tuvo claro que gobernaría “al
Jerez de Zacatecas y al Jerez de Estados Unidos”.
Así, en un hecho inédito para México,
el 19 de mayo del 2001, todos los candidatos a
la Presidencia Municipal de Jerez, Zacatecas,
se reunieron en Montebello, California, con el
objetivo de debatir sus propuestas ante los jerezanos
del otro lado de la frontera. Más tarde,
cuando se dio el desenlace de la ruptura entre
Andrés Bermúdez Viramontes y el
Gobernador Ricardo Monreal Ávila, la Federación
de Zacatecanos Unidos en Illinois encabezó
públicamente su defensa, siendo secundada
en Los Ángeles, Ca, por el Frente Cívico
Zacatecano, comenzando desde entonces una etapa
de encuentros y desencuentros, negociaciones y
rupturas con el actual gobernador, cuestión
que se agudizó por los excesos de Manuel
de la Cruz Ramírez, representante en Estados
Unidos del Gobierno del Estado, quien debido a
su vieja formación priísta y corporativa
se comporta igual que antes, sin distinguir entre
la naturaleza comunitaria de los clubes y la militancia
partidaria de sus activistas. A propósito
de esto, Rafael Barajas, Guadalupe Gómez
y Francisco Javier González se quejan de
una permanente intromisión del Gobierno
del Estado de Zacatecas a través de Manuel
de la Cruz Ramírez, quien utiliza “viejas
tácticas totalitarias”, que anuncia
la irreversible ruptura con la versión
perredista del monrealismo (LAWEEKLY, marzo:8-14,
2002), lo cual es fuente permanente de conflictos
con la membresía comunitaria de los clubes.
Por supuesto, de alguna manera se ha tomado conciencia
de ello:
“Una
de las conclusiones más importantes de
esta Convención es que busquemos conservar
la unidad respetando la naturaleza comunitaria
de nuestras organizaciones. Esto quiere decir
que no se debe partidizar el trabajo que realizamos.
Por ello, quienes tomen iniciativas de tipo político,
reconociendo que tienen derecho, esto debe hacerse
en estructuras e instancias de otra naturaleza”
(Primer Resolutivo de la Segunda Convención
Anual de Organizaciones de Zacatecanos en Estados
Unidos, Chicago, Illinois, julio 21 de 2001).
Identidad y membresía comunitaria
Si tomamos en consideración que los migrantes
zacatecanos comenzaron a organizarse por sí
mismos en Clubes Sociales desde la década
de 1960 (Moctezuma, Miguel, 2003) y que han hecho
cientos de obras sociales y comunitarias mucho
antes de que el Estado Mexicano se interesara
en la promoción de los Programas “Dos
por Uno” y “Tres por Uno” (Rafael
Barajas, Mayo de 2002 y Agustín Bañuelos,
Los Ángeles, Ca.) entonces resulta claro
que desde décadas atrás, y a diferencia
del migrante individual, los migrantes organizados
han logrado transitar de la identidad simbólica
mexicana o zacatecana hacia la práctica
de la membresía comunitaria, misma que
con el desarrollo de estas organizaciones suele
transformarse en membresía estatal y nacional.
Esto es, programas como el “Tres por Uno”
poden ser interpretados social y políticamente
como un medio que permite que los migrantes logren
conservar sus raíces e identidad, además
de abrir posibilidades para la realización
de una variedad de prácticas extraterritoriales
dirigidas hacia México (Goldring, Luin
1997). Esto mismo sucede de manera directa en
el caso de la reproducción de la vida comunitaria
en las denominadas comunidades filiales. Ambos
aspectos ya han sido analizados por el autor en
otros trabajos y en todo caso configuran parte
de la nueva realidad social del migrante (Moctezuma,
Miguel, Ibíd.).
Por otra parte, si retomamos la experiencia política
binacional que los líderes más destacados
de los Clubes realizan y a la que nos referíamos
anteriormente, entonces queda claro que estamos
ante profundos cambios cualitativos, en los cuales
la membresía comunitaria, estatal y nacional
de los migrantes se ha transformado en participación
política en el sentido más amplio;
es decir, no vinculada necesariamente a los partidos
políticos. Por supuesto, todo esto nos
conduce a la existencia de una práctica
política extraterritorial que desde la
sociedad civil presiona por el reconocimiento
de los derechos ciudadanos en México; es
decir, por el paso de la identidad a la membresía
y de ésta hacia la ciudadanía.
Las evidencias extraterritoriales mostradas en
lo social, político y cultural, aún
limitadas a la experiencia y la práctica
de los zacatecanos, indican que los migrantes
al mismo tiempo que se adaptan y participan de
las nuevas circunstancias sociales, son también
capaces de mantener orientados los vínculos
y compromisos hacia su entidad y comunidades de
origen. Esto, por supuesto, se refiere a la lealtad
y a la membresía comunitaria y estatal,
pero nada indica que esa práctica no se
extienda también hacia la Nación,
siendo este el patrón de los connacionales
en el extranjero. Es decir, se requiere reconocer
la necesidad de valorar cómo el migrante
ciertamente busca desarrollar nuevas imágenes,
otras coordenadas y una serie de nuevos mapas
o esquemas referenciales que coinciden con el
entrecruzamiento simultaneo de dos socio-espacios,
implicando cursos de vida significativamente distintos
y mundos sociales diferentes (Rouse, R., 1994).
Esta nueva fisonomía está muy lejos
de presuponer la ruptura con la comunidad y el
país de origen y encierra toda una problemática
teórica más allá del tratamiento
juridicista que reclama el auxilio transdisciplinario
de la sociología, la cultura, la antropología
y la ciencia política.
Es decir, los migrantes conservan simbólicamente
un territorio y una cultura que les sirve como
referente territorial y matriz de pertenencia.
Justamente esto es lo que hace posible la formación
y la naturaleza de la comunidad filial y el establecimiento
de los lazos entre los distintos asentamientos
de los migrantes, lo que posteriormente se materializa
en la conformación de los clubes y sus
federaciones. Por supuesto, en el terreno contrario,
esto tampoco debe conducir a la idea errónea
de que las comunidades y los clubes de los migrantes
permanecen impermeables a lo externo, como ya
lo hemos tratado a partir de lo cultural así
como de las experiencias políticas de sus
dirigentes.
Ley
Migrante
La trayectoria social y política de los
zacatecanos organizados ha desembocado en la formulación
y aprobación de la “Iniciativa de
Reforma a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas”
en materia de derechos político-ciudadanos
extraterritoriales. Ésta es una propuesta
que bajo la denominación, primero, de Ley
Bermúdez; y, finalmente, de Ley Migrante;
fue enarbolada por el Frente Cívico Zacatecano
como demanda democrática y ciudadana, haciendo
posible la realización de varios foros
de discusión, tanto en Los Ángeles,
Ca., como en la capital de Zacatecas.
Según se desprende de los artículos
34, 35, 36 y 37 de la Constitución Política
de Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento
de la nacionalidad es consustancial al ejercicio
universal de los derechos ciudadanos de todos
los mexicanos, con las únicas limitantes
de ser mayores de edad y vivir con honestidad.
Sin embargo, como esto aún no se ha reglamentado
en las respectivas leyes de competencia nacional
y estatal, la Ley Migrante ha buscado resarcir
en lo posible este vacío legal, reconociendo
que mucha de esta reglamentación necesariamente
debe ir adecuándose a las iniciativas de
reformas en el plano nacional, las cuales siguen
trabadas y sin avances.
Asimismo, en la iniciativa que se comenta, se
parte del hecho de que una política integral
del estado de Zacatecas dirigida hacia el importante
sector social de los migrantes, si sólo
toma en cuenta los aspectos económicos
y poblacionales, dejará de lado aquellos
tópicos de naturaleza comunitaria, social,
política y cultural que involucran a los
migrantes como colectivo y que se expresan en
medios para el fortalecimiento de la pertenencia,
la identidad y el arraigo, en un contexto socio-espacial
que se manifiesta más allá de las
fronteras del estado y país.
Según la declaración de principios
de la iniciativa de reforma, con esa acción
se pretende dar apertura a la participación
de los migrantes zacatecanos y de sus organizaciones
en las decisiones políticas que a ellos
compete, incluyendo parcialmente las de naturaleza
ciudadana, en lo que corresponde a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, ya que por el momento aún no
podrán votar extraterritorialmente pero
podrán ser votados para ocupar los cargos
a Diputados, Presidentes Municipales, Síndicos
y Regidores. Empero, en la “Ley Migrante”
existe ya un saldo a favor: se aprobó que
la próxima legislatura local cuente con
un mínimo de dos diputados migrantes. Los
partidos, acatando el mandato de ley registrarán,
en el último lugar de sus respectiva lista
plurinominal, a un candidato a Diputado emigrante,
mismo que, una vez contabilizados el número
de votos, dos de ellos serás asignados
con esa calidad a los dos partidos que hayan obtenido
la primera y segunda mayoría relativa.
Al contar por vez primera con diputados migrantes,
se podrán discutir en la legislatura, asuntos
como, la reglamentación del Programa Tres
por Uno, los programas y el presupuesto del Instituto
Estatal de Migración, la profundización
de la presente iniciativa de reforma, la Representación
del Gobierno del Estado en Estados Unidos, y,
en general, el diseño de una política
integral sobre la migración internacional.
Asimismo, entre su fundamentación se destaca
la necesidad de reconocer que las comunidades
de los migrantes son socialmente construidas por
sus propios miembros y que ello no se circunscribe
a un solo espacio físico. Esta es la esencia
de la identidad mexicana entre los connacionales
que residen fuera de México. En efecto,
la comunidad de los migrantes es lo que ellos
comparten entre sí, y que en el caso de
la membresía, incluye también el
involucramiento en un conjunto de prácticas
y actividades colectivas. Entonces, reconocer
en las leyes primarias y secundarias los conceptos
de membresía comunitaria, participación
social y participación política,
requiere no ignorar sus fuentes y el multiespacio
donde éstas se generan. En Zacatecas y
otras entidades con tradición migratoria,
por la intensidad del fenómeno, es imposible
perder de vista estos asuntos. Sobre esto, el
primer aspecto que se resalta es que, en Estados
Unidos las comunidades de nuestros migrantes son
una derivación de las comunidades de origen.
Esta es la razón por la que investigadores
como Rause, R., Ibíd. y 1988; Smith, R.,
1995 y 2000; Goldring, L., Ibíd; Massey,
D., 1991; Alarcón, R., 1995 etc. denominan
comunidades filiales o comunidades hijas a estos
asentamientos humanos. Planteando así las
cosas y a través del concepto de comunidad
binacional, esta iniciativa buscó cuestionar
aquello que todavía conduce a simplismo
de identificar a la comunidad con su entorno inmediato.
Es decir, para el caso de lo que interesó
incorporar y reformar, se requirió trascender
las fronteras simbólicas y culturales que
sociológicamente limitaron el reconocimiento
de la comunidad migrante. Es decir, todo migrante
que vive en una comunidad filial en Estados Unidos,
necesariamente reproduce en ese país su
matrotismo comunitario; obviamente, también
reproduce su identidad como latino, mexicano,
zacatecano, jerezano, etc. Esto es lo que, desde
1960 sirve de base para voltear a su comunidad
y participar como miembro de ella, promoviendo
inicialmente los apoyos a la iglesia del pueblo
o haciendo donaciones para los más necesitados,
hasta que finalmente el Estado y migrantes llegan
a corresponsabilizarse en el financiamiento de
las obras comunitarias del entonces Programa Dos
por Uno. Por esta vía resulta claro que,
los migrantes, sin residir en la comunidad de
origen, actúan como miembros de ella. Es
decir, más allá de lo que reconoce
la Ley Electoral de cualquier entidad mexicana,
los migrantes viven involucrados en iniciativas
comunitarias tanto en México como en Estados
Unidos y esto fue reconocido en la Reforma Constitucional
de Zacatecas como una residencia binacional o
simultánea.
Esto se basa en los siguientes antecedentes: la
Constitución Política de Estados
Unidos Mexicanos en los artículos 34, 35,
36 y 37, establece con claridad quiénes
tienen la calidad de ciudadanos de la República,
sus prerrogativas, obligaciones y sobre todo,
el que ningún mexicano por nacimiento,
independientemente de donde resida pueda ser privado
de su nacionalidad; con ello implícitamente
se acepta la posibilidad de la binacionalidad
o incluso la multinacionalidad, cuestión
que también debiera plasmarse en lo que
corresponde a la ciudadanía.
Asimismo, para contar con un orden jurídico
coherente con lo establecido en el artículo
40 Constitucional, en cuanto a que las disposiciones
normativas de los estados en ningún caso
contravendrán el cuerpo normativo de la
Constitución Política de Estados
Unidos Mexicanos, resultó impostergable
el que, en primer término se buscara adecuar
la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de Zacatecas y posteriormente
el Código Electoral del Estado, en lo que
respecta a la calidad de ciudadano zacatecano,
forma de adquirir la ciudadanía, requisitos
de residencia y sobre todo, hacer acompañar
a esta reforma de nuevas instituciones jurídicas,
con la finalidad de que el derecho a ser votados
pudiera ser ejercido en lo inmediato, y una vez
que la reglamentación federal lo permita,
volver a revisar hasta dónde es posible
seguir avanzando. Por esta vía se llegó
a reconocer que lo señalado en el Artículo
32 Constitucional debía ser visto como
oportunidad para legislar en la materia, reconociendo
derechos en igualdad no solo a los emigrantes
sino también a los binacionales.
Esto es, si en nuestro estado, tanto el fenómeno
de la migración, como la figura jurídica
de la binacionalidad son una realidad social,
era necesario reconocer, por tanto, que los actuales
requisitos legales para poder participar en la
vida política del estado ya resultaban
obsoletos e incompatibles con esta realidad, tal
es el caso de la “residencia efectiva”,
cuya aplicación drástica impidió
que Andrés Bermúdez fuera declarado
inelegible por el Tribunal Federal de la Suprema
Corte de Justicia y fuera imposibilitado para
ocupar el cargo de Presidente Municipal de Jerez,
Zacatecas.
En este año de 2004 Zacatecas, con su Ley
Migrante vive un proceso electoral inédito.
Los migrantes nuevamente se hacen presentes en
la política local; sin embargo, siguen
siendo víctimas de discriminaciones y maltrato.
Javier González Luna, Presidente del Frente
Cívico Zacatecano en Los Angeles, Ca y
actual precandidato a la Presidencia Municipal
de Fresnillo se ha quejado reiteradamente, por
un lado, de Rodolfo Monreal Ávila hermano
del actual gobernador de la entidad de extracción
perredista, por recibir calificativos de que los
emigrantes no están capacitados para gobernar
porque están desinformados y no cuentan
con preparación académica y por
otro, de Manuel de la Cruz, representante del
gobierno estatal en Estados Unidos, quien públicamente
se opuso a la aprobación de la Ley Migrante
señalando que “…antes de pegar
de brincos hay que enseñarse a caminar,
por lo que resumió que todo debe de ser
a su debido tiempo” (Imagen, Domingo 22
de junio de 2003). Hoy ese funcionario busca incongruentemente
beneficiarse de la reforma constitucional sobre
derechos políticos y ciudadanos extraterritoriales
pretendiendo su designación como diputado
emigrante. Por su parte, Andrés Bermúdez
Viramontes, quien debiera ser el candidato natural
del municipio de Jerez, aún se debate entre
los obstáculos políticos que le
pone su partido, el cual muestra altos grados
de insensibilidad y raya en la xenofobia. Sin
embargo, como él lo dice: “hace tres
años se hizo la película del poder
en donde perdieron los migrantes y ahora se hará
la película donde gana el pueblo y nosotros”.
Finalizando: abordar en el plano teórico
el asunto de la ciudadanía extraterritorial,
implica distinguir conceptualmente entre los procesos
estrictamente simbólicos y aquellas prácticas
que conducen al compromiso de participación
activa hacia México. Este tratamiento podría
ser operativamente útil al seno del Congreso
de la Unión para otorgar derechos ciudadanos
diferenciados entre quienes sólo pudieran
votar y quines pudieran votar y ser votados. Por
supuesto, no se trata de una distinción
discriminatoria, sino de aceptar que existen distintos
grados de compromiso hacia México y que
pueden ser reconocidos, en lugar de ser ignorados
en la Ley. Por otro lado, en el terreno de la
práctica, el voto extraterritorial constituye
una oportunidad estratégica cuyo horizonte
beneficia a México como fuerza en el electorado
estadounidense, capacidad de cabildeo sobre temas
que nos afectan, exportación de productos
de marca regional, e incluso, capacidad de inversión
de nuestros paisanos, etc. Es además un
medio de vínculo ideal con capacidad de
promover, entre los emigrantes, el nacionalismo
mexicano, más allá de nuestras fronteras.
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